Zeballos desmiente al Congreso: Perú sí cuenta con abogado para extraditar a Toledo

Zeballos desmiente al Congreso: Perú sí cuenta con abogado para extraditar a Toledo

El Perú cuenta con un estudio de abogados que lo represente en el proceso de extradición seguido contra el expresidente Alejandro Toledo ante la justicia de Estados Unidos, informó el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

De esta manera, Zeballos respondió la última pregunta de la interpelacion que afrontará el jueves 21 de marzo, aprobada el último jueves por el Pleno del Congreso de la República.

“Tenemos un estudio de abogados. El caso ya está ante la Secretaría (Departamento) de Justicia (de Estados Unidos), que tiene el rol más o menos del Ministerio Público nuestro. Está en fase de evaluación. Los procedimientos son dilatados y complejos en el sistema jurídico norteamericano”, explicó en diálogo con RPP Noticias.

El pasado 2 de febrero se autorizó la contratación del estudio de abogados para coadyuvar a la defensa del Estado en el proceso de extradición contra el exlíder de Perú Posible.

La defensa peruana está a cargo del Estudio Foley Hoag LLP, con sede en Estados Unidos, según precisó una resolución suprema publicada en esa fecha en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Zeballos detalló que se contrató los servicios del estudio de abogados por un plazo dos años y que el primer informe situacional sobre lo avanzado en el proceso contra Toledo se dará el próximo 15 de abril.

El ministro de Justicia agregó que el mismo estudio de abogados asesoró al gobierno de Panamá en el caso seguido contra el ex mandatario Ricardo Martinelli, cuyo proceso de extradición demoró dos años y un mes.

Extradición de Alejandro Toledo

El exmandatario tiene una orden de prisión preventiva de 18 meses dictado por el juez Richard Concepción Carhuancho, además de una orden de captura a nivel nacional e internacional emitida por la Interpol. Sin embargo, esta medida no abarca territorio estadounidense.

Alejandro Toledo es investigado por el caso Ecoteva, en el que se le acusa de presunto lavado de activos por las compras millonarias de inmuebles a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, con dinero que presuntamente provendría de actos de corrupción de su gobierno, desde 2001 hasta el 2006.

También se le indaga porque habría recibido una coima de 20 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht para otorgarle la construcción de la carretera Interoceánica.

Fuente: La República

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