Fiscal pide 36 meses de prisión para implicados en coimas para brevetes en Moquegua

Fiscal pide 36 meses de prisión para implicados en coimas para brevetes en Moquegua

El titular de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Emilio Salas Apaza, solicitó 36 meses de prisión preventiva para dos de los implicados en el cobro de coimas para obtener licencias de conducir en la Gerencia Regional de Transportes de Moquegua.

Se trata del exsubgerente de Circulación y Seguridad Vial, Gavino Crispín Paquita Humire, y la trabajadora de la escuela de manejo “Sobre Ruedas del Sur”, Clara Ordoño Mamani. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto decidirá la suerte de ambos, aunque todavía no se ha programado la fecha ni la hora de la audiencia.

Lourdes Apaza Nina, trabajadora de la misma escuela de manejo y que también estaba detenida, abandonó ayer la carceleta de la Policía y será investigada en libertad. Sobre ella no se encontró mayores indicios de su participación en los actos indebidos. Los citados y otros son acusados de integrar la presunta organización criminal “Clan de Moquegua”, que se dedicaba a captar usuarios para entregar o renovar de manera irregular sus brevetes.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, el cobro de coimas se realizaba dentro del local de la escuela de manejo. Los choferes debían pagar hasta mil soles para validar sus brevetes.

Hasta el momento, se ha estimado que la mafia, que tenía tentáculos dentro de esta institución pública, habría reunido diariamente unos 5 mil soles. El fiscal Salas Apaza citará como parte de sus pesquisas a varios exfuncionarios y trabajadores de la Gerencia de Transportes. No descarta convocar al exgerente Carlos Linares Dance debido a que este hecho se habría venido cometiendo desde el 2015.

Dos consejeros regionales, entre ellos Luis Miguel Caya y Yovana Valdes, se constituyeron a la sede de Transportes, donde después de reunirse con el gerente Jorge Vega Ordóñez, exigieron que se investigue el caso a fondo. Caya Salazar sostiene que en caso de establecer responsabilidad del funcionario, debe ser cesado en el cargo.

Fuente: La República

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