Solicitan decomiso de 5000 m2 del hospital Valdizán en juicio contra red Orellana en la Sunarp

Solicitan decomiso de 5000 m2 del hospital Valdizán en juicio contra red Orellana en la Sunarp

El juicio contra la red de Ludith Orellana infiltrada en la Sunarp entre los años 2009 y 2013 sigue en curso como uno de los primeros que se realizan contra la organización criminal. Esta emitió alrededor de 49 títulos de propiedad fraudulentos en dicho período, con ayuda del exjefe de la institución, Álvaro Delgado Scheelje y otros acusados.

Durante el proceso que continuó este martes, el fiscal Eiser Jiménez solicitó ante la jueza del Cuarto Juzgado Nacional Unipersonal, Fernanda Ayasta, el decomiso de alrededor de 5361 m2 localizados en el kilómetro 3.5 de la Carretera Central, Santa Anita. La ubicación corresponde al Hospital Hermilio Valdizán, cuya porción de este terreno pertenece al Estado y fue usurpado por la red delictiva.

Cabe indicar también que, previo al decomiso del terreno, el 24 de noviembre del 2017 el Poder Judicial había aprobado la incautación del inmueble. Posteriormente, en comunicación con La República, el fiscal Jiménez aclaró que por ello el decomiso “es la última medida” para que así pueda transferirse el bien al Estado, pues “el legítimo propietario del terreno es EsSalud”.

“Los demás son bienes privados en el que las partes están sometiendo a diversos procesos por nulidad de actos jurídicos [para recuperar terrenos], entre otros”, precisó el representante del Ministerio Público.

Doble negativa

Como corresponde en el proceso, la jueza Fernanda Ayasta preguntó a los 22 acusados del caso si admitían ser autores o partícipes de los delitos. Ante ello, ninguno aceptó los cargos, incluyendo a los tres implicados que estuvieron en audiencia por videoconferencia porque están en prisión, pues tanto Pedro Guzmán Molina y Álvaro Deglado Scheelje participaron desde el penal Castro Castro, y Manuel Villacréz también lo hizo desde otro establecimiento penitenciario.

Es preciso apuntar que con ello todos los acusados rechazaron una sentencia anticipada por lo que seguirán afrontando el proceso sin una condena. Asimismo, cuando la magistrada planteó la posibilidad de si todos estaban dispuestos a declarar en el proceso, únicamente Ludith Orellana y Eder Ramírez Salvador se negaron a hacerlo.

“No, doctora, voy a guardar silencio”, contestó Ludith Orellana, exjefa del “área de saneamiento legal” de la red criminal que se encargaba de emitir títulos fraudulentos de inmuebles con ayuda de testaferros. Tanto ella como Delgado y Guzmán tienen una orden de prisión preventiva por 12 meses.

Fuente: La República

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