El refugio: la última opción para los migrantes venezolanos

El refugio: la última opción para los migrantes venezolanos

La solicitud de refugio de Xavier Uzcátegui tiene fecha del 13 de diciembre del 2016. Hoy han transcurrido casi 26 meses desde que acudió a la cancillería peruana para pedir una medida de protección sin recibir respuesta. Entre tanto, este migrante venezolano de 28 años ha aprendido a vivir con un carnet que lo identifica como solicitante de refugio, pero que no todos en el Perú reconocen como válido.

“Es como vivir en el limbo”, confiesa. “Puedes transitar por el país, tienes acceso a ciertas cosas, pero no eres residente”, dice Xavier, quien huyó de Venezuela tras recibir amenazas de los consejos comunales (grupos vecinales afines al régimen de turno), luego de haber firmado en contra de Nicolás Maduro durante un proceso en pro de un referéndum.

El carnet de solicitante de refugio le permite a Xavier trabajar y tener acceso a la educación durante esta larga espera, aunque en varias ocasiones este documento le ha traído más problemas que soluciones. “Muy pocos bancos lo reconocen, y tuve inconvenientes para tramitar el RUC. No puedo contratar un servicio de telefonía ni sacar un crédito. Y siempre tengo algún percance para retirar las remesas”, dice.

La situación no es muy distinta para quienes obtienen el estatus de refugiados. Carlos Caguana puede dar fe de ello. Presentó su solicitud en mayo del 2015, cuando llegó al Perú huyendo de la inseguridad de Venezuela. A diferencia de Xavier, su proceso fue rápido; a los dos meses, le otorgaron la medida de protección. Eran tiempos en los que la cancillería recibía anualmente 400 solicitudes de los migrantes venezolanos.

La aprobación del refugio le permitió a Carlos optar por el carnet de extranjería como residente. Aunque explicar su condición de refugiado le ha restado más de una oportunidad de trabajo. “Tuve una oferta de un hotel en Paracas. Lo de refugiado les sonó a perseguido político, y creyeron que eso podría traerle problemas a la empresa”, cuenta.

Afluencia masiva

En el 2017, el Perú pasó de tener 4.415 solicitudes de refugio a casi 34.000, informó Patricio Rubio, secretario ejecutivo de la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cerca de 33.000 de esas solicitudes correspondían a ciudadanos venezolanos.

Esta cifra creció de forma exponencial durante el año pasado, debido al cese del beneficio del permiso temporal de permanencia (PTP) y la exigencia del pasaporte como requisito para entrar al país. En total, 131.388 venezolanos solicitaron el refugio. Este año, el flujo parece que no cesará.

Pese a ello, entre el 2016 y el 2018, el Estado Peruano aprobó la medida de protección apenas a 400 venezolanos (0,24%). Las demoras en las evaluaciones se deben a la alta demanda, que no permite responder en los 60 días establecidos por la Ley del Refugiado. La cancillería ha hecho esfuerzos: cuadruplicaron su personal e implementaron un sistema de solicitud en línea. Pero esto no ha sido suficiente.

“El Gobierno del Perú tiene claro que debe evitar la irregularidad de las personas, porque ello va a generar vulnerabilidad”, explica Rubio. “Mientras tengan algo que les permita permanecer legalmente y trabajar en el Perú, van a sostenerse. No es que no resolvamos los casos que no califican, sino que les damos prioridad a quienes sí tienen elementos de persecución”.

La politóloga Feline Freier asegura que los venezolanos sí deberían ser considerados refugiados por el Gobierno del Perú de acuerdo con la definición propuesta por la Declaración de Cartagena (1984), porque el derecho a la protección se extiende a las personas que huyen por la violencia masiva de los derechos humanos.

“Dar este paso significaría para el Perú ser consecuente con la iniciativa del Grupo de Lima y podría impactar positivamente en su imagen regional como promotor de la democracia y de los derechos humanos”, afirma Freier.

Sin embargo, Rubio asegura que la aplicación de la Convención de Cartagena no es automática y que, hasta ahora, el Estado no considera que la situación en Venezuela ha llegado a ese umbral, en el que todo venezolano debe ser reconocido como refugiado.

Regina La Portilla, oficial de información pública de la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), reconoce que cada gobierno decide cómo aplicar sus leyes. Pero agradece que, al menos, el Perú haya hecho esfuerzos para garantizar que los venezolanos que ingresan al país en calidad de solicitantes de refugio no sean devueltos a Venezuela, y que tengan acceso al trabajo y la educación. “Los refugiados representan un impacto para el país. Pero cuanto más rápido puedan integrarse más rápido van a contribuir al crecimiento económico”, dice.

Por: Mirelis Morales Tovar

Diario el Comercio

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