Asesores vinculados a Fuerza Popular ganaban casi como congresistas

Asesores vinculados a Fuerza Popular ganaban casi como congresistas

La cereza del pastel: los asesores privilegiados. Si bien el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, decidió no renovarle el contrato a más de cien trabajadores del Legislativo, entre los que se encontraba gente muy cercana al entorno de Keiko Fujimori, esto no ha sido suficiente, pues ellos solo correspondían al grupo del régimen CAS. Aún quedan 34 trabajadores con contrato indefinido, de los cuales algunos mantienen una cercana relación a Fuerza Popular.

 

 

Según el Informe 001-2019/MAZ-CR, enviado al titular de la Mesa Directiva por el congresista Marco Arana, en el listado de personal a plazo indeterminado hay 34 trabajadores que no cumplen con la condición requerida para laborar con dicho contrato. Y como para que la costumbre de poner a su gente en puestos claves no se pierda, se identificó que 4 asesores están vinculados directamente al fujimorismo y con sueldos por encima del promedio. Es decir, ganan casi como congresistas.

 

 

Se trata de Moisés Fernando Pulido Casimiro, Wilfredo Ponce de León Pandolfi, Luis Alberto Mejía Lecca y Juan Alberto Rengifo Bahamonde. Todos ellos trabajadores del Congreso, con una gran cercanía a Fuerza Popular.

 

 

Juan Alberto Rengifo Bahamonde: Fue asesor de la congresista Luz Salgado, hasta que ella fue elegida presidenta del Congreso. Luego de eso, pasó a formar parte del servicio parlamentario el mismo día de la elección de su jefa. Su sueldo, hasta el año pasado, pasó de S/11,600 a S/14,500. Su trabajo lo desempeñaba en el Gabinete de Asesoramiento Técnico de la Mesa Directiva y la Dirección General Parlamentaria.

 

 

Fernando Pulido Casimiro: Fue personal técnico de confianza de la entonces congresista Keiko Fujimori (2006-2011). Sobre el actual período, para ser precisos en el 2018, se desempeñó como profesional y especialista administrativo en el Departamento de Logística con un sueldo de S/14,237.

 

 

Luis Mejía Lecca: Ex tesorero y personero alterno de Fuerza Popular. Actualmente cuenta con una orden de 36 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht. Como trabajador del Congreso ocupó el cargo de jefe de la Oficina de Defensa de las Leyes, percibiendo un sueldo de S/14,500. Antes de ingresar a la cárcel fue consignado como “personal con licencia” del Legislativo.

 

 

Wilfredo Ponce de León: Fue uno de los trabajadores del Congresoque actuó como abogado de Fuerza Popular durante el allanamiento al local fujimorista de Paseo Colón. Además, también trabajó en el despacho de Keiko Fujimori como asesor de confianza. El año pasado, como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Legislativo, su sueldo era de S/14,500.

 

 

En el caso de Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz, cambia un poco la situación. Trabaja desde el 2007 en el Congreso de la República, por lo que si le corresponde dicha asignación de indefinido. Actualmente su remuneración está basa en nivel de especialista 10 en el Servicio Parlamentario y actualmente con la encargatues tiene el nivel 12. No obstante, cuando culmine la encargatura (que no es definitiva), regresará a su categoría de origen.

 

Cada parlamentario percibe un sueldo de S/ 15.600, al cual se suma otra cifra por función congresal S/ 7.617, el pago a dos asesores, dos técnicos, un coordinador, un auxiliar, un asistente, sumado todo aproximadamente se destina S/ 35.000 por despacho.

 

 
“Este grupo constituye una suerte de asesores privilegiados. Tienen un salario por encima de los otros asesores de bancada o de despacho. Una especie de planilla dorada. [Ganan] en bruto casi como un congresista. Estos cinco están en un régimen especial de asesores dorados”, dijo el congresista Marco Arana a La República.

 

 

Si bien es cierto, estos trabajadores tienen contrato indefinido (al igual que los otros 29), si existe una cláusula para que se tomen acciones al igual que los más de 100 contratados CAS del Congresoa los que no se les renovó. En ese sentido, existen dos caminos para revertir su situación: “Se anula el oficio de actos administrativos […] o se sigue el procedimiento administrativo de la Ley 27444”, señaló Arana.

 

Fuente: La República

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