Violencia de género: una “emergencia nacional”  que recibirá 0,15% más de presupuesto en el 2019

Violencia de género: una “emergencia nacional” que recibirá 0,15% más de presupuesto en el 2019

271 millones de soles adicionales destinará el gobierno de Martín Vizcarra a un flagelo que denigra a la mujer, enluta a numerosas familias, avergüenza a toda una sociedad y erosiona a la economía. El presidente tiene una oportunidad de oro de para cambiar tan dura realidad de cara al Bicentenario.

Jairo Márquez Lugo / Héctor Villa León / Erick Morales

“No podemos permanecer en silencio un minuto más ante la grave realidad de la violencia hacia las mujeres”, dijo entre aplausos el presidente de la República, Martín Vizcarra, durante su primer discurso con motivo de las Fiestas Patrias. La preocupación, sin embargo, no se traduce en recursos: en el proyecto de presupuesto nacional presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) correspondiente al 2019, al tema de la violencia de género se le destinará proporcionalmente 0,15 por ciento más en comparación con el año pasado.

El pasado mes de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, anunció que el gasto en favor de la lucha contra la violencia hacia la mujer tendría un aumento presupuestal “considerable”, de 164 millones de soles en el 2018 (0,10 por ciento del total, 157.158 millones de soles) a 435 millones de soles en el 2019 (0,25 por ciento del total, 168.100 millones de soles).

“Este incremento ratifica el firme compromiso del gobierno del presidente Vizcarra en la lucha frontal contra esta problemática. Los recursos servirán para prevenir, proteger y atender a las víctimas”, refirió el premier luego de anunciar que el presupuesto del próximo año tendrá “un marcado enfoque social”.

En su flamante discurso, Vizcarra citó los dos casos de feminicidio en Perú que han tenido mayor impacto en la opinión pública este año, el de Eyvi Ágreda, en Lima -quemada viva en un autobús- y Juanita Mendoza, en Cajamarca -quemada viva frente a su casa-. Ellas y muchas otras contribuyen a una estadística fatal pero incompleta aún, por  desgracia: 103 casos de víctimas de feminicidio atendidas por el Centro de Emergencias para la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entre enero y septiembre del 2018 (10 por ciento más en comparación con el mismo período del año pasado).

No se trata sólo de pérdida de vidas –lo más lamentable, sin duda-, sino de dinero. Un estudio de la Universidad de San Martín de Porres y la Cooperación Alemana, publicado hace cinco años, revelaba que Perú derrocha US$ 6.700 millones de dólares cada año por causa de la violencia contra la mujer, el equivalente al 3,7 por ciento del Producto Bruto Interno. Por ello, una inversión de 435 millones de soles en el 2019 para atender el flagelo (poco más de US$ 130 millones) es garantía inequívoca de muchas más muertes.

Temas como la reforma constitucional y la del Poder Judicial, así como el referéndum convocado para el 9 de diciembre, los escándalos por los casos Lava Juez y Lava Jato y los procesos judiciales contra Alberto y Keiko Fujimori, dominan la agenda política nacional en los actuales momentos, razón por la cual luce poco probable que el problema de la violencia de género adquiera mayor relevancia de cara al debate de la Ley de Presupuesto 2019 en el pleno del Congreso, previsto para la segunda quincena de noviembre.

El feminicidio y los asuntos conexos estarán en boca de todos en paralelo a la indiferencia de los parlamentarios. Cada 25 de noviembre se conmemora a escala planetaria el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, efeméride instaurada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas -una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo- y que en Perú tiene una connotación especial por el número de casos denunciados y en el anonimato.

Hechos, no palabras

Un mes después del último mensaje presidencial por Fiestas Patrias, el MEF anunció la aprobación de 59 millones de soles para ejecutar, hasta diciembre de este año, “medidas urgentes que fortalezcan el trabajo articulado contra la violencia hacia la mujer en el Perú”.

Las acciones, según la cartera ministerial, fueron detalladas en un Plan de Acción Conjunto aprobado por la comisión de emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer creada por el mismísimo Vizcarra, y que supone el trabajo articulado entre los ministerios involucrados, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y sociedad civil organizada.

“Esta aprobación (de 59 millones de soles) es muy importante, pero no es mucho en un país de 30 millones de habitantes. Si bien es cierto que es un buen mensaje, siempre hemos exigido que la voluntad política se traduzca en presupuestos. Lo que necesitamos es un compromiso serio que se vea reflejado en el presupuesto público nacional y no sea tan poca cantidad, sino una permanente para el Ministerio de la Mujer y todos los sectores del Estado unidos en esta lucha”, reflexiona Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

El dinero, a juicio de la experta, es importante no sólo para actuar en favor de las víctimas sino para hacer prevención y capacitar al personal que labora en las diferentes instancias involucradas.

“Los recursos”, afirma, “no son cosa menor. Sin recursos puedes tener la mejor ley pero no la puedes implementar. Por ejemplo, recientemente se promulgó la 30364 (Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar) y se desconoce. Para que las comisarías tramiten las denuncias en 24 horas debes invertir en personal, como lo establece la normativa”.

“Siempre hemos exigido que la voluntad política se traduzca en presupuestos. Lo que necesitamos es un compromiso serio que se vea reflejado en el presupuesto público nacional”: Liz Meléndez (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán).

Instituciones como Flora Tristán –una asociación civil feminista sin fines de lucro fundada a finales de los ‘70- han asumido parcialmente el rol del Estado en el tema de la violencia de género en Perú, según Meléndez, al iniciar seis años antes que el gobierno el registro de feminicidios en el país, específicamente en el 2003.

“Nos llegan mujeres que muchas veces han pasado por entes del Estado creados para la atención de casos de violencia de género y no saben qué hacer por las deficiencias del servicio. No todas conocen la ruta para acceder a la justicia, pues en nuestro país hay mucha impunidad. Al Estado se le debe exigir que cumpla con los tratados internacionales firmados. Le estamos recordando cuáles son sus obligaciones. El nuestro es un rol de permanente propuesta, vigilancia, impulso y demanda, a fin de que la violencia de género sea prevenida, sancionada y erradicada”, apunta la directora ejecutiva de esta ONG.

Impunidad a sus anchas

A juicio de Eliana Rebollar Añaños, adjunta para los derechos de la mujer en la Defensoría del Pueblo, el mensaje presidencial por Fiestas Patrias en relación con la muerte de Eyvi Agreda grafica la voluntad política “expresa y explícita” de trabajar en el tema de la violencia de género en Perú, pero en el ámbito de los ministerios “no conversan con ese discurso”.

En su opinión, el sistema judicial no se ha erguido como la “mano implacable” necesaria para la correcta administración de justicia en los múltiples casos de violencia de género registrados en Perú, pues los agresores no reciben un castigo ejemplar.

Eliana Rebollar Añaños, adjunta para los derechos de la mujer en la Defensoría del Pueblo

“(El sistema) no está respondiendo como debe ser”, sentencia. “Desde la actuación policial, la del Ministerio de la Mujer, Ministerio Público o Poder Judicial hay errores, quiebres o dilaciones. No se cumple con la debida diligencia, no se produce un juicio justo, rápido y eficaz y no se dictan medidas de protección para las víctimas”.

Esta situación de “impunidad” y “desprotección a las víctimas” se refleja, dice, en la prensa. Los casos que aparecen en los medios de comunicación social no van acompañados de sentencias ejemplares, a pesar del marco legal existente y el endurecimiento de las penas.

Rebollar Añaños apuesta por una reforma judicial -como la planteada actualmente por los casos Lava Juez y Lava Jato- en la cual se revise a profundidad los temas de violencia de género. En los casos de Eyvi Agreda y Juanita Mendoza, ambas cruelmente quemadas, los delitos fueron considerados como “homicidio calificado” y no como feminicidio en atención a lo dispuesto en el Código Penal vigente. Su crítica es lapidaria: “Los operadores de justicia no cambian muchas veces el patrón de pensamiento”.

Eliana Rebollar (Defensoría del Pueblo): “Desde la actuación policial, la del Ministerio de la Mujer, Ministerio Público o Poder Judicial hay errores, quiebres o dilaciones. No se cumple con la debida diligencia, no se produce un juicio justo, rápido y eficaz y no se dictan medidas de protección para las víctimas”.

Por ello, indica, en la Defensoría del Pueblo se busca incidir en las políticas públicas, hacerle un seguimiento al cumplimiento de las normas ya establecidas y atender al ciudadano común, que muchas veces no tiene una respuesta inmediata del Estado para lograr una activación del sistema a su favor.

“Debemos trabajar desde todos los frentes para que el hombre reconozca a la mujer como igual. Lo contrario -que ella deba someterse a los designios del él en relaciones de pareja o trabajo- puede finalmente llegar a situaciones extremas como el feminicidio. Proporcionalmente, tenemos más feminicidios este año que el pasado. Cada caso es una vida que se pierde y un entorno que se resiente”, sentencia.

Machismo exacerbado

Contrario a lo que podría pensarse, el hogar se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para muchas mujeres. Lo certifica Cecilia Tirado Hurtado, médico psiquiatra, terapeuta de pareja y familia y especialista en niños y adolescentes. Perú no escapa a esta realidad.

“Si bien la violencia de género no tiene un ciclo establecido en el ámbito familiar, por lo general se llega a ella luego de un caso de violencia psicológica”, explica la experta, quien es miembro del staff de la clínica PlenaMente y del Instituto de Salud Mental. “Esto sucede por ejemplo cuando el hombre deja de reconocer los méritos de la mujer, priva la falta de comunicación y empatía en el hogar y comienzan los insultos no sólo por la condición femenina misma, sino también por la condición social”.

Acto seguido –agrega-, el hombre agresor hace por lo general que la mujer se aísle, prohibiéndole estar en contacto con familiares y amigos. El siguiente paso podría ser un empujón, retenerla fuertemente por el brazo o incluso llegar a un episodio de violencia sexual, donde él la obliga a hacer lo que quiera en la cama so pretexto de que ella es esposa y mujer y debe obedecer. A partir de allí, una agresión física mucho más contundente o un feminicidio lucen como consecuencias probables.

Cecilia Tirado Hurtado, psicóloga de la clínica PlenaMente y del Instituto de Salud Mental

“Cuando evaluamos la historia de las víctimas”, relata la médico, “nos damos cuenta que el machismo tiene mucho que ver. Es un prejuicio según el cual los hombres creen que las mujeres deben someterse a su voluntad sólo por el hecho de ser ellas, especialmente porque hay una ventaja física. Viene desde hace siglos en nuestra sociedad y aún persiste, pues sólo 18 países en el mundo, por ejemplo, son gobernados por mujeres. Las empresas pagan más a los hombres que a las mujeres por hacer el mismo trabajo y el machismo se transmite en las familias de generación en generación, enseñándosele al varón a que no puede ni entrar a la cocina o encargarse de los oficios del hogar”.

Los niños, en paralelo, también padecen por la violencia de género. A veces son víctimas de agresiones similares o simplemente testigos de estas anomalías en el núcleo familiar, con lo cual, según Tirado Hurtado, aprenden a reproducirlas en la edad adulta.

Aunque parezca sorprendente, tanto víctimas como victimarios requieren atención inmediata y especializada de acuerdo con el criterio de la especialista en salud mental. Las víctimas no sólo padecen por los maltratos físicos y verbales sino también por la baja autoestima, el miedo y la culpa. Algunas, incluso, llegan a creer que merecen la agresión, pierden la capacidad de controlar sus actos y esperan ser salvadas por alguien.

“Este es el síndrome de la mujer maltratada”, relata con preocupación. “Ella no sólo se acomoda ante el hecho de violencia, sino también se resigna y puede llegar a identificarse con el agresor, incluso justificándolo, creyendo en los prejuicios sociales que muchas veces son transmitidos por las mujeres de la misma familia -léase madres o abuelas-. Y con esta inacción se enseña a los hijos que la violencia es normal”.

El victimario, así como también el varón que ha crecido en un contexto de violencia familiar, pueden reconstruir ese esquema social con el cual crecieron y hacer uno nuevo, pero para ello deben manifestar voluntad en primera instancia. No todos los agresores son psicópatas, aclara la terapeuta. “La ley puede mandarles una penitencia, pero si no quieren cambiar no lo va a hacer”, acota.

En algunos países, los victimarios se hacen partícipes de un programa de reinserción emocional a la sociedad a fin de que aprendan nuevos patrones cognitivos saludables para él y su entorno. A ellos se les ayuda además a mejorar su percepción sobre sí mismos, pues, por más que resulte increíble, tienen baja autoestima y padecen por la falta de empatía: son incapaces de ponerse en el zapato de otras personas.

“El victimario, así como también el varón que ha crecido en un contexto de violencia familiar, pueden reconstruir ese esquema social con el cual crecieron y hacer uno nuevo, pero para ello deben manifestar voluntad en primera instancia. No todos los agresores son psicópatas”: Cecilia Tirado, médico psiquiatra.

“Ellos –refiere- perciben la necesidad de ejercer poder porque así se eleva su ego y se sienten superiores. Su capacidad de manipular es elevada, porque quieren controlar y hacer creer que el machismo es la ley y la regla social a seguir. Eso puede cambiar con asistencia”.

A los niños y niñas que viven en entornos de violencia de género también se les debe prestar ayuda inmediata, indica Tirado Hurtado, pues pueden ser víctimas de depresión y múltiples adicciones.

“La primera recomendación es buscar ayuda, porque la mayoría de las víctimas se aísla, bien sea por vergüenza, temor a estar sola o miedo. Muchas veces, las mujeres se sienten juzgadas cuando acuden a nuestra consulta planteando un caso de violencia familiar. No se trata de juzgar sino de pensar juntas, comprender por qué llegamos a este punto y creer que se pueden cambiar esos esquemas. Todo el núcleo familiar requiere apoyo”, precisa.

Perspectiva incierta

Mientras la “guerra de cuchillos” continúa entre los representantes de distintos poderes públicos en atención a la convulsionada realidad política, las metas establecidas en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, de cara a la celebración de los 200 años de la independencia, corren el riesgo de quedarse en el papel.

“No podremos cambiar esta realidad camino al Bicentenario  si no se incluye como estrategia fundamental en la lucha contra la violencia hacia las mujeres la prevención desde el ámbito educativo, a fin de transformar los prejuicios y estereotipos que naturalizan la violencia de género”, señala en un documento la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

El pasado mes de marzo, la Organización de Naciones Unidas expresó en un comunicado su preocupación por una medida cautelar emitida por un juez que ordenaba suspender parcialmente “la implementación del enfoque de igualdad de género” en el currículo nacional de la educación básica de Perú. La decisión, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, ordenaba al Ministerio de Educación suspender la capacitación a los profesores sobre el enfoque de igualdad de género y también la elaboración de material educativo sobre ese mismo concepto.

En junio, el Congreso había aprobado la ley que crea el Registro de Condenados por Delitos Sexuales y Delitos Violentos contra las Mujeres y Menores de Edad -conocido también como Registro Nacional de Agresores Sexuales-, normativa que fue objetada por el presidente Vizcarra con los siguientes argumentos: falta de proporcionalidad entre las medidas restrictivas y la finalidad de la ley, afectación a la protección de datos personales –extensible al entorno familiar-, afectación al derecho a la resocialización una vez cumplida la pena y posibilidad de que la víctima quede expuesta a través de la difusión de la sentencia.

“Es fundamental tener ese Registro Nacional de Agresores Sexuales”, sentencia Gloria Montenegro, congresista del partido Alianza Para el Progreso (APP). “En mis tiempos de regidora en La Libertad veíamos cómo los agresores pasan dos o tres años en la cárcel y luego salen a la calle a hacer lo mismo”.

Gloria Montenegro, congresista del partido Alianza Para el Progreso (APP)

La ex alcaldesa hace votos por un debido manejo de este registro, por parte del sistema de justicia, así como por su correcta aplicación como factor disuasivo, porque “a nadie le gustará verse en esa lista”. Espera que el debate se retome pronto en el Congreso, pues a su juicio “se pretende seguir protegiendo la identidad de los agresores sexuales”.

Gloria Montenegro, congresista (APP): “Es fundamental tener el Registro Nacional de Agresores Sexuales. En mis tiempos de regidora veíamos cómo los agresores pasan dos o tres años en la cárcel y luego salen a la calle a hacer lo mismo”.

Montenegro apuesta por trabajar en paralelo la parte preventiva y reactiva en materia de violencia de género. Lo preventivo, dice, pasa por un currículo educativo que promueva la visión de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, respeto y tolerancia dentro de una misma sociedad; en lo reactivo, considera que el sistema de protección hacia la mujer “debe cambiar todo”, en aras de hacerlo más efectivo y eficiente.

“Nada hacemos desde el gobierno central aprobando normas y políticas que un gobierno local no sabe aplicar”, reflexiona. “El Perú no es Lima y debemos entender eso, porque en provincia es escandaloso lo que vemos en materia de violencia de género”.

Legado

Vizcarra debe ser recordado por la historia como el presidente que le puso fin a la violencia de género en Perú. Esa es la invitación formulada por Amnistía Internacional de cara al Bicentenario, lo cual implica la aplicación de medidas urgentes en los poco menos de tres años que restan de su gestión.

“El presidente tiene una oportunidad única para liderar la lucha contra la violencia de género y construir un país en el que mujeres y niñas puedan vivir libres y sin miedo”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, en un documento público que rubrica. “Es necesario que el Estado implemente el enfoque de igualdad de género en sus políticas públicas y, especialmente, en las relacionadas a la educación para tener un futuro con mujeres que puedan defender sus derechos”.

Por ahora, sin embargo, pareciera prevalecer el interés de los grupos políticos mayoritarios por hacerse con el poder o mantenerlo en el 2021, dándosele de nuevo la espalda al tema de la violencia de género, una oscura realidad que, como el sol, no se puede tapar con un dedo.

 

@JMarquezLugo/@hector_villa/@soyerickmorales

 

Fuentes:

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Thomson Reuters Foundation

Organización Mundial de la Salud

Agencia EFE

Registro de Feminicidio del Ministerio Público

Centro de Emergencias para la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Agencia Andina

Diario El Comercio

Amnistía Internacional Perú

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